La población inmigrante de Estados Unidos ha sido uno de los sectores más golpeados de la sociedad, como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Los motivos han sido muchos: son trabajadores esenciales o de primera línea y por eso el riesgo es superior para ellos, las limitaciones del idioma no les permiten informarse adecuadamente, por diversas razones no poseen acceso adecuado a la asistencia de salud y por si fuera poco, tienen miedo de pedir auxilio cuando lo necesitan, ya que piensan que eso puede afectar su situación migratoria.
Ante todas esas razones, Ethnic Media Services invitó a una videoconferencia multidisciplinaria con diversos especialistas, que permitiera explorar las realidades de la relación entre los inmigrantes y el nuevo coronavirus en Estados Unidos. Pero especialmente, el foco estuvo en qué se puede hacer para que los afectados solucionen esta angustiante situación.
Proporcionar salud a todos
El doctor Daniel Turner-Lloveras, Profesor Adjunto de Medicina en Harbor-UCLA/
Escuela de Medicina David Geffen/UCLA, abrió la conversación para ofrecer una visión general del estado de la pandemia.
Daniel Turner-Lloveras
Considera que “hay muchas maneras de mirar la data”, a propósito de las afirmaciones recientes de que los números están bajando. Según el especialista, la cifra de 736 casos por cada 100 mil habitantes es “muy alta”.
Asegura que por ejemplo en California, donde él está más familiarizado, los casos continúan aumentando.
“Las predicciones dependen de a quién le preguntes”, aclara. Pero visualiza el riesgo de una segunda ola del virus que podía venir.
Insiste en las precauciones ya conocidas, como lavarse las manos o permanecer en casa en la medida de lo posible. “Hay que proteger a quienes están cerca de nosotros”.
En cuanto a las limitaciones de los inmigrantes para enfrentar la pandemia, aseguró que “Si no le proporcionamos salud a toda la población, es normal que el virus se siga expandiendo”.
Relató también que las autoriddaes han dicho que no arrestarán en centros de salud a indocumentados que vayan a buscar asitencia por COVID-19; pero reflexiona: “Si has vivido por años con miedo de ser arrestado, ¿vas a confiar de repente?” Y va más allá: “Si un indocumentado obtiene resultado negativo del coronavirus en un centro de salud, ¿será entonces arrestado?”
También recordó que la sobrepoblación en los centros de detención es un factor de alto riesgo para contagiarse.
Miedo
Luvia Quiñones, Directora de Política de Salud de la Coalición de Illinois para el Inmigrante y Derechos de los Refugiados, apuntó a la intersección entre el COVID-19 y la Ley de Carga Pública, como un factor que ha obstaculizado la atención de comunidades latinas.
Luvia Quiñones
Comenzó explicando que en Illinois, el estado donde labora, existe una población de aproximadamente 525 mil indocumentados. “También tenemos 500 mil residentes permanentes y 715 mil naturalizados”. Estos tres grupos componen el conglomerado de inmigrantes en ese estado.
Apunta que “Es una comunidad diversa, la mayor es de latinos; pero también hay numerosos europeos del este, asiáticos, filipinos y muchos otros orígenes”.
Quiñones revela que se observó mucho miedo y ansiedad durante los primeros dos meses. Esto tuvo que ver con el hecho de no saber qué era el COVID-19, un temor que no solamente afectó a los inmigrantes.
Uno de los principales problemas fue que “La información no fue dada en varios idiomas. Las organizaciones que sirven a los inmigrantes tuvieron que hacer mucho: traducir, dar a conocer, educar sobre asuntos de los cuales no tenían conocimientos, tenían que transcrear el material. Las barreras fueron de idioma y de miedo”.
También han detectado que existen muchos inmigrantes sin seguro, no todos ellos indocumentados. “A algunos sus empleadores no les dan seguro, otros no lo tienen por el costo”.
Siente que existe mucha presión por la Ley de Carga Pública: “Muchos no supieron que la prueba es gratis”.
Le preocupa que “Cuando los latinos y asiáticos finalmente van al hospital, presentan síntomas más fuertes que otros individuos. Considera que esto se debe a que acuden tarde, ya que los afecta un miedo combinado por ser inmigrantes, sentir que violan la Ley de Carga Pública y el eventual costo que pueda tener.
Sobre la Ley de Carga Pública, asegura que “expuso la discriminación y el racismo existentes en el sistema de salud”.
Alternativas
Madison Allen, abogada principal de políticas en CLASP, confirmó el impacto del nuevo coronavirus en comunidades de color e inmigrantes. “Mientras abogamos por leyes más incluyentes, tenemos que asegurarnos de ayudarlos ahora”, dijo.
Madison Allen
La vocera invitó a visitar su sitio de internet: protectingimmigrantfamilies.org, donde aseguró que se puede conseguir información y ayuda. Hay una guía rápida de referencia en inglés y español.
En cuanto a los pagos de estímulo, lamenta que sea necesario el número de seguro social para recibirlo. “Si alguien de un hogar usa número de identificación de impuestos (TIN) para pagar al IRS, nadie en ese hogar es elegible para esta ayuda; ni siquiera los niños, aunque sean ciudadanos”.
Sin embargo, el cheque de estímulo no impacta en la Ley de Carga Pública, por lo cual no afectará la posibilidad de ningún beneficiado para converstirse en residente en un futuro.
Su mensaje para las familias inmigrantes: “Es seguro e inteligente buscar pruebas y tratamiento para el COVID-19”. Por ello invita a solicitarlos, sin importar su estatus migratorio, recordando que son gratuitos.
Afirma que es necesario divulgar que los tratamientos y pruebas del COVID-19 no serán considerados como violación de la Ley de Carga Pública, aún si los servicios de salud son cubiertos por Medicaid.
A quienes no estén asegurados, hayan perdido su seguro al quedar sin trabajo o hayan visto sus ingresos significativamente disminuidos, los invita a navegar sus páginas para encontrar opciones de asistencia. “Antes de ir a una clínica, deben llamar y preguntar si tienen las pruebas del COVID-19, y la disponibilidad para acceder a programas como Medicaid, o al mercado del Obamacare”.
Recuerda que los servicios de salud no tienen por qué preguntar sobre situación migratoria y además no comparten con autoridades la información personal proveída por ningún paciente.
En cuanto a alimentación, las familias cuyos hijos hayan perdido el acceso a comidas gratuitas o de precio reducido debido a la pandemia, pueden acceder al Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) que no se considera carga pública; así como al nuevo Programa de Beneficios Electrónicos por la Pandemia (Pandemic Electronic Benefit Program o PEBT), creado a propósito de esta coyuntura y que tampoco es considerado carga pública ni revisa la situación migratoria de los beneficiarios.
También los pagos de desempleo extendieron sus beneficios por causa de la pandemia, apoyando entre otros, a contratistas independientes. Lamentablemente se trata de un beneficio que no cubre a personas indocumentadas, ya que para ser elegible para el mismo, hay que tener permiso de trabajo.
Somos interdependientes
Para Connie Choi, Directora de Campo de la Campaña del PIF y Estratega de Inmigración Nacional, “La pandemia ha revelado cuán interdependientes somos”. Agrega que “necesitamos soluciones realistas y prácticas”, que incluyan a familias inmigrantes.
Connie Choi
Afirma que “Las soluciones que ha trabajado el Congreso las han dejado por fuera”, aunque reconoce que algunos de esos vacío sse lleanron con la más reciente HEROES Act.
Choi urge a los senadores a trabajar para ofrecer más alivio a estas comunidades y clama por liderazgo a nivel federal, con el fin de facilitar a los inmigrantes de todos los estados pruebas, tratamientos y eventuales vacunas del COVID-19 a través de Medicare; así como ayuda de alimentación que permita eliminar barreras. También cree necesario protegerlos de presiones legales en instalaciones de salud.
Cree que los inmigrantes no deberían tener miedo a ser penalizados durante la pandemia. “Tienen que sentirse seguros”. También llamó a proveer fondos de alivio para quienes declaran con un impuestos con un Tax Identification Number.
Considera que otra pandemia que afecta a Estados Unidos es el racismo. Afirma que han existido incidentes de agresión contra asiático-americanos, debido a la carecterización hecha de esa enfermedad por el presidente Donald Trump. Recuerda que “La gente de color está excluida”. Hay infectados, están muriendo, no tienen protección de desempleo.
También llama a pasar por encima de la barrera de las limitaciones del lenguaje para difundir la información. “Hay más de 25 millones de personas en Estados Unidos que tienen limitaciones con el inglés”.
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