La actual administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald J. Tump, ha convertido la lucha contra la inmigración indocumentada en una de sus banderas políticas. Esta tendencia se ha podido ver tanto en su discurso de campaña como mediante hechos a lo largo de su gobierno. Y se ha reforzado de cara a las elecciones presidenciales de este año.
Foto: Mitchel Lensink @lensinkmitchel (Unsplash)
Sin embargo, la actual pandemia del COVID-19 ha abierto una nueva veta de polémica al respecto, ya que durante estos meses se ha determinado que entre los trabajadores esenciales, que han mantenido en marcha al país y a la economía, existen mumerosos inmigrantes, muchos de ellos en situación irregular.
Por ejemplo, una tercera parte de los trabajadores en San Diego (California) que laboran en rubros esenciales como salud y agricultura son inmigrantes, según reveló un estudio del Centro de Políticas Migratorias de la Universidad de California en San Diego (UCSD), citado por el San Diego Union Tribune el pasado 3 de julio en una nota de la reportera Soudi Jiménez.
Por si fuera poco, la migración legal también ha resultado negativamente impactada.
Esta circunstancia ha obligado a revisar cómo la actitud en contra de este grupo está afectándolos, muy a pesar de que se han convertido en personal imprescindible para sobrellevar esta coyuntura, corriendo riesgos de exposición al coronavirus. Muchas veces reciben remuneraciones entre las más bajas, sin ningún tipo de apoyo o protección.
Para conocer mejor la situación y buscar posibles soluciones, Ethnic Media Services invitó a una conferencia de prensa con especialistas que pudieran aportar un conocimiento más profundo sobre el tema.
Cambios a la legislación migratoria
Sarah Pierce, analista de políticas en el Migration Policy Institute (Instituto de Políticas de Migración), disertó sobre un reporte dado a conocer por su organización el 31 de julio pasado, en el cual se da cuenta de más de 400 cambios a la legislación migratoria en la actual administración.
Sarah Pierce
“Fueron muchos cambios, muy rápidos, algunos pequeños y técnicos”, comenta. Agrega sobre esta data que “Al principio la mantuvimos en privado, pero luego decidimos hacerla pública”y también observa que “Muchos cambios reflejan que conocen muy bien la ley”.
Entre los aspectos que el Migration Policy Institute ha observado, Pierce destaca que se están aplicando reglas que estaban ya en la letra, pero que no se implementaban en la práctica. Un ejemplo de esto es la utilización de la denominada “carga pública” a los inmigrantes. Ha formado parte de las leyes federales de inmigración por más de cien años y busca identificar a las personas que podrían depender del gobierno como su fuente principal de manutención. Afecta principalmente a quienes buscan el estatus de residente permanente.
La analista asegura que la pandemia ha acelerado todas las medidas que afectan a la inmigración, citando los casos de las restricciones que se implementaron a los inmigrantes permanentes o temporales –por trabajo– a partir de la crisis del COVID-19. También se ha aprovechado la situación para restingir los asilos en la frontera sur; así como las llamadas visas de diversidad o loterías de visa y las basadas en vínculos familiares.
Inmigrantes no quitan trabajos a estadounidenses
Kalpana Peddibhotla, quien es abogado de inmigración y socia de Mathews Peddibhotla Law Group, alerta que no solamente se está obstaculizando la inmigración no autorizada, sino también la legal.
Kalpana Peddibhotla
“El presidente Trump ha atacado la inmigración de trabajo y vinculada a negocios desde poco después de tomar su oficina, con iniciativas como la orden ejecutiva de ‘Compre americano y contrate americano’ del 17 de abril de 2017”.
Kalpana, quien también estuvo en la directiva del comité de inmigración de la South Asian Bar Association (SABA) of North America, (Asociación de Abogados del Sur de Asia en Estados Unidos), considera que va a ser difícil echar para atrás todo esto, ya que “No se puede reescribir en una noche”.
Entre los obstáculos que hacen más difícil a las compañías contratar a trabajadores extranjeros, Peddibhotla detalla que se complicó el papeleo y adicionalmente “Se suspendieron los procesos premium, que son cruciales para el éxito de compañías y negocios”.
Refiere la vocera que también se han visto afectados quienes han patrocinado en el pasado a un empleado extranjero y quieren renovar dicho patrocinio. “La documentación requerida y enviada ha sido ignorada”. También se han bloqueado las entrevistas para residencia permanente o tarjeta verde basada en empleo.
Sin embargo, Peddibhotla aclara que sí existe un marco legal para que el Presidente tome de manera discrecional estas decisiones. Se refiere a la sección 212 (f) de la Immigration and Nationality Act, que otorga al primer mandatario “un amplio poder para suspender la entrada o imponer restricciones a la entrada de inmigrantes y no inmigrantes durante el período que considere necesario, siempre que el Presidente determine que dicha entrada sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos”.
Bajo este supuesto, se ha restringido la migración alegando que se protegen la economía y los puestos de trabajo para los estadounidenses El asunto, aclara, es que “Los inmigrantes no golpean la economía. Por el contrario, la desarrollan”.
La abogado explica que los inmigrantes aportan innovación. “Si podemos estar haciendo llamadas por Zoom, es gracias a los conociminetos y la labor que aportan, son cruciales en la tecnología”.
También son emprendedores. Asegura que tienen un efecto multiplicador en la creación de plazas laborales, ya que, por cada 100 visas H1B que se expiden, nacen 183 puestos de trabajo. “Prohibiendo a los inmigrantes no estamos cuidando empleos, estamos produciendo el efecto contrario”.
En cuanto a quienes esperan por su residencia basada en la tarjeta verde de un familiar, aasegura que tampoco toman puestos de estadounidenses. “Suelen ser los padres, personas mayores, quienes han esperado muchos años por esta oportunidad. Yo soy filipina y esperé 20 años. Nadie de 70 años de edad viene a robar trabajos”. Adicionalmente, los beneficiarios de esta opción tienen quien responda por su sustento en el país.
Para concluir, afirma que “Puede haber abusos específicos al programa, pero el abuso de estas visas es un mito”.
El DACA también ha sido afectado
Ignacia Rodríguez, quien trabaja a favor de política de inmigración en el Centro de la Ley Nacional de Inmigración (National Immigration Law Center), explicó algunos de los cambios más recientes a la Acción diferida para las llegadas de niños o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), una medida temporal para proteger de la deportación a personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.
Ignacia Rodríguez
La especialista alega que el nuevo memo presidencial del 28 de julio sobre el tema, agrega incertidumbre al asunto.
En principio, rechaza la inscripción de nuevos beneficiarios en el DACA, “a menos que presenten circunstancias especiales”. Pero, aclara: “No se sabe cuáles son estas circunstancias”.
De inmediato apunta que “Los DACA aprobados siguen siendo válidos”. Sin embargo, recomienda consultar a un abogado antes de intentar la renovación o viajar, para poder obtener una asesoría especializada que evite contratiempos.
De lo cual se desprende que las renovaciones sí se están procesando, pero con un cambio significativo: ahora serán válidas por un año en lugar de dos. La tarifa continúa siendo la misma ($ 495.00); pero en la práctica se duplicó, ya que por el mismo costo se renueva por la mitad del lapso.
“Esto es duro para muchos beneficiados del DACA en tiempos de pandemia, ya que sus ingresos han sido golpeados y pueden no disponer de los fondos para una renovación en menor tiempo de lo previsto”, resalta Rodríguez. Esto les puede costar perder sus permisos de trabajo, como tambiénla protección contra ser deportados. Pero aclara que, quienes ya recibieron la renovación por dos años, no serán afectados.
También se han creado pasos adicionales para la renovación, que complican aún más el panorama. Adelantó que los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) “tienen en estos momentos problemas de presupuesto, que podrían afectar costos y procesos. Por ello nos mantenemos monitoreándolos”.
Ignacia Rodríguez hace un llamado al Congreso “para extender beneficios como el DACA, los permisos de trabajo y los Estatus de Protección Temporal (Temporary Status Protection, TPS)”, en medio de la situación del COVID-19, para así apoyar a comunidades que están haciendo importantes aportes al país en medio de una situación adversa.
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